Ciudad de México.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó que en la lucha por erradicar la tortura se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias iniciales ante el Juez de Control y en las Agencias del Ministerio Público; elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que la Procuraduría General de la República (PGR) garantice la participación de todas las voces en la conformación del citado Programa.

Destacó la importancia de establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura, que será la herramienta de investigación de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncia y se investigue dicho fenómeno, incluido el número de víctimas, por lo que debe impulsarse en la Procuraduría General de la República y en las fiscalías estatales que esa base se alimente y actualice de manera permanente, lo que ayudará a abatir la cifra negra de tortura y malos tratos, y permitirá la construcción de indicadores y datos estadísticos para combatir su impunidad, así como lograr la reparación integral a que todas las víctimas de esos flagelos tienen derecho.

Por ello, Ninfa Delia Domínguez Leal, Directora Ejecutivia del MNPT, subrayó que el poder público tiene el deber y obligación de respetar el debido proceso y no puede perseguir delitos a costa del mismo. El sistema de justicia tiene como su centro a la persona humana, a la que debe dar el máximo de protección.

Dio a conocer que, del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, la CNDH registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias; 496 por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y 118 por tortura.

Señaló que Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y Estado de México son las entidades federativas donde se reportaron el mayor número de quejas por esos motivos y concentran el 25% de las quejas por detenciones arbitrarias. Precisó que Reynosa y Nuevo Laredo son los municipios del país donde más veces ocurrió ese hecho violatorio.

Domínguez Leal dijo que la Policía Federal y la Secretaria de Marina son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en dicho periodo, de acuerdo al número de quejas recibidas, mientras que en Veracruz y Oaxaca fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles, así como los municipios de Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración las autoridades con mayor número de quejas por ese delito.

Explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos.

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