Chihuahua .- El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, confirmó la detención del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, en la Ciudad de México.

El funcionario judicial es investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y en meses pasados se enfrentó a un proceso de desafuero realizado por el congreso local a petición de la autoridad estatal.

La detención se realizó la tarde de ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México y se esperaba su arribo a la ciudad de Chihuahua por la noche para ser recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán.

El magistrado fue ubicado por elementos de la fiscalía de la Ciudad de México y fue detenido en coordinación con agentes ministeriales que solicitaron un avión de gobierno del estado, el cual arribaría al hangar de gobierno en la capital de Chihuahua.

Sería este sábado que se realizaría la audiencia inicial en contra del funcionario judicial en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Ramírez fue designado magistrado por el Congreso del Estado durante el año 2013, durante la administración del exgobernador César Duarte, de quien era cercano colaborador, pues antes de su designación en el cargo jurisdiccional había sido diputado local del PRI y candidato a la Presidencia municipal de Cuauhtémoc.

El magistrado ha enfrentado desde el año 2017 acusaciones y procesos ante el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Jurisdiccional del Congreso del Estado y recientemente la Dirección Jurídica de Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien le notificó a mediados del mes de julio de este año un nuevo procedimiento jurídico de sanción por el delito de enriquecimiento ilícito.

El magistrado, al paso del tiempo, ha vencido en dos ocasiones en los tribunales federales a los poderes Judicial y Legislativo, respectivamente, y aunque fue suspendido formalmente de sus funciones en las mismas dos ocasiones por mandato constitucional, fue reinstalado al frente de la Sala.

Debido al último procedimiento en su contra, Ramírez dejó de presentarse a la sala penal de la que era titular debido a que, según sus últimas declaraciones públicas, no se había resuelto de fondo un juicio amparo que promovió en el Juzgado Octavo de Distrito dentro del proceso que instauraron los diputados del Congreso local para quitarle el fuero y algunos recursos relacionados a éste.

El 10 de diciembre de 2017 fue la primera vez que fue suspendido el juzgador junto con otro también considerado “duartista”, Gabriel Sepúlveda, por un presunto desvío de 6 millones de pesos en la adquisición de una bóveda digital.

En ese entonces se anunció la suspensión de ambos durante un año en lo que se realizaba la investigación, sin embargo, debió ser restituido en su cargo luego de una resolución del Segundo Tribunal Colegiado.

El caso se había mantenido sin avances hasta el 27 de febrero de este año, luego de que el Congreso del Estado aprobó por mayoría someter a juicio de procedencia a Ramírez para que perdiera su fuero y se le procesara penalmente a solicitud de la Fiscalía estatal, ahora bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, al no acreditar diez millones de pesos en sus cuentas bancarias.

El Consejo de la Judicatura suspendió por segunda ocasión de sus actividades a Ramírez, sin embargo, fue restituido el 20 de marzo de este año, luego de que el juez octavo de Distrito ordenó la suspensión definitiva del caso en el que la Judicatura lo separaba de su cargo, por lo que regresó como magistrado de la Primera Sala Penal.

El magistrado tramitó un amparo en el que previamente el juez le concedió la suspensión provisional, pero posteriormente le otorgó una definitiva, y con ello dar contraparte a la resolución de la Judicatura que le ordenaba no presentarse.

Posteriormente, el 22 de marzo del presente año el magistrado fue detenido por agentes estatales en el exterior de un centro comercial del periférico De la Juventud de Chihuahua en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez local, pero diez horas después recobró su libertad del Cereso, al determinar el Juez Octavo de Distrito que Ramírez gozaba de fuero constitucional y una suspensión provisional (hasta ese momento).

Después, mediante la acción de inconstitucionalidad número 43/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el pasado 27 de julio de 2020 declarar la invalidez del decreto por el que se expidió la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua.

Otro de los amparos que promovió el magistrado Ramírez y estaba pendiente de resolverse en los juzgados federales, era en contra del decreto número 697/2020 que emitió el Congreso para desaforarlo.

Pese al litigio en la justicia federal, Ramírez se ausentó de su sala desde hace casi tres meses y de acuerdo con las fuentes de la FGE que confirmaron su detención, desde ese entonces era considerado prófugo de la justicia debido a que ya se había librado orden de aprehensión en su contra.

Hoy en el transcurso del día será presentado Ramírez ante un juez de Control, en una audiencia en la que deberán presentarse las acusaciones en su contra y se deberá resolver sobre su situación jurídica.

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