La Fiscalía General del Estado (FGE) denunció ante la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, las violaciones a los principios notariales cometidas por Luis Raúl Flores Sáenz, titular de la Notaría Pública No. 4, en su actuación en torno a la certificación de una serie de recibos que forman parte de la investigación que sobre la “nómina secreta” del exgobernador.

En un mensaje transmitido a través de las redes sociodigitales del Gobierno del Estado, el gobernador Javier Corral dio a conocer que en la acusación, el Ministerio Público adscrito a la investigación de la denominada “nómina secreta”, señala la infracción de la hipótesis normativa contenida en la fracción segunda del Artículo 158, de la Ley del Notariado Chihuahuense.

Dijo que será durante el desahogo de las audiencias en el debido proceso, donde se cotejará y contrastará la negación hecha por el notario, respecto a la certificación de estos recibos, con el peritaje realizado por el Departamento de Servicios Periciales de la FGE.

Informó que los recibos fueron sometidos a exámenes en materia grafoscópica para determinar su autenticidad y ya existe un dictamen que establece que la firma, efectivamente es del notario Flores Sáenz.

El mandatario estatal explicó que ahí se revisará si la misma certificación ya no solamente es válida o no. También se va a desentrañar si hay o no la comisión de un delito, al certificar el tipo de documentos que se le presentaron al notario, toda vez que la ley notarial señala cuáles son los casos en que un notario debe rehusarse a hacer una certificación.

“Esa parte jurídica de la operación Justicia para Chihuahua se va a desahogar a través de la denuncia y se abrirá el proceso administrativo correspondiente, y estaremos atentos para que nuestras autoridades actúen con profesionalismo, objetividad y rigor”, expresó el titular del Ejecutivo.

Recordó que el pasado 21 de enero, el periódico El Heraldo de Chihuahua publicó en exclusiva los recibos certificados de la “nómina secreta” del exgobernador, que correspondían a entregas de dinero a diversos actores políticos de los 2014 a 2016.

Ante dicha publicación, Corral dio instrucciones a la FGE para que llevara a cabo el aseguramiento de dichos documentos y los incluyera como parte de la investigación que se lleva sobre el caso, dada su relevancia,

El gobernador añadió que esto robusteció las investigaciones sobre el tema, pues en ese momento la FGE tenía el registro de recibos de los años 2014 y 2015, aunque se tenía conocimiento que desde 2012, el entonces gobernador instruyó a varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a efecto que de distrajeran recursos del pueblo de Chihuahua para sus fines personales y políticos.

Refirió que según las investigaciones de la FGE, de las cuentas bancarias de Hacienda estatal, que eran destinadas al gasto operativo y de nóminas, se emitían cheques al Servicio Panamericano, que a su vez hacía llegar dinero en efectivo a las oficinas de la Tesorería, para resguardar en la bóveda el recurso que posteriormente se entregaba a personas de su interés.

En el listado de beneficiarios se encuentran diputados, funcionarios, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, operadores políticos locales y nacionales, medios de comunicación, parientes y amigos del propio exmandatario.

“A la fecha, la operación Justicia para Chihuahua ha documentado en esto que se conoce como la nómina secreta, una aproximado de 1000 millones de pesos que salieron del erario de los chihuahuenses, que fue entregado a cerca de 100 personas”, explicó Javier Corral.

Destacó que tras la aparición de estos nuevos recibos, las declaraciones de Flores Sáenz tienen una relevancia importante, pues certificar los sobornos que el exgobernador entregaba a distintos actores, acredita en términos reales la larga y trabajada capacidad corrupta y corruptora que tenía.

De acuerdo con el Artículo 43 de la Ley del Notariado, tienen la obligación de ejercer sus funciones cuando ese les requiera para ello, y deberán rehusarse a sus funciones si el objetivo, fin o motivo del acto es contrario de la ley o las buenas costumbres, y si el objeto del acto es física y legal imposible.

El gobernador dijo que al negar el notario que certificó los recibos firmados por dichos actores, merman y generan cierto desprestigio a su actuación, que consideró, no representa el actuar de una institución como es el notariado de Chihuahua.

Indicó que ya existe un dictamen de los servicios periciales, que confirman que la firma que aparece en la certificación, es del notario, por lo que, conforme a la ley, ha violentado varios de los procedimientos y de los valores de la función notarial.

“Hay un valor fundamental que es la confianza entre las personas y los notarios, sus clientes y las instituciones, y esa confianza está basada en un valor irrenunciable de la función que es la verdad”, externó.

En ese sentido, dijo que es falso, como lo dijo el notario, que sea una práctica común que en el estado de Chihuahua se falsifiquen los sellos de los notarios.

“En una Notaría si se pierde o se altera, o deteriora un sello, hay especificaciones y disposiciones expresas para que notario dé aviso cuando supone alteraciones en documentos”, explicó.

Mencionó que el Artículo 44 de la misma Ley, establece que los notarios que en el ejercicio de su función tengan conocimiento y detecten la existencia de documentos presuntamente falsos, apócrifos o alterados, deberán dar aviso inmediato al ministerio público, a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, al Colegio Estatal de Notarios y al Distrito Judicial correspondiente.

“¿Por qué el licenciado Flores Sáenz decidió 14 días después de publicada la nota, advertir que no era su firma?”, cuestionó.

Advirtió que hay protocolos estrictos en el ejercicio de sus funciones, basados en métodos, leyes, reglamentos y ética, “él jamás denunció al Ministerio Público de lo que fue publicado en el periódico, en realidad no tomó el cauce institucional previsto en la propia ley”.

Expuso que en el caso de que el sello de la Notaría haya sido falsificado, también debió hacerlo saber a las autoridades conforme dicta el Artículo 70, que establece que en caso de robo, extravío o alteración, al dar parte por escrito al ministerio público y demás autoridades, éstas deben expedir un aviso.

Posteriormente se tramita la reposición del sello y su registro, para lo cual el fedatario deberá hacerse de uno nuevo, que debe tener una marca especial que lo distinga del anterior.

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